CAUSA DE CORRUPCION "LOS CUADERNOS" - CAPITULO XI

ANOTACIONES SOBRE "LOS CUADERNOS"

CAPITULO XI

Vamos a los hechos según el auto de mérito del Dr. Bonadío.

Así comienza:

Imputa a 52 personas vivas y 2 personas muertas y dice que las mismas se asociaron ilegalmente para enriquecerse ilegalmente “… aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

Pero vemos que entre esas 52 personas vivas hay empresarios, financistas, un ex Juez y un chofer, además que también hay “… otras personas aún sin identificar” (que esperemos estén todas vivas), que no fueron ni son FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, por lo que seguramente esta imputación no se corresponde con la investigación, a no ser que esta expresión sea un lapsus intelectual del Dr. Bonadío por el que haya olvidado poner las condiciones laborales de TODOS los imputados y sólo se haya concentrado en los FUNCIONARIOS del Poder Ejecutivo Nacional.

No queremos creer que esto sea un sesgo investigativo porque ello llevaría a pensar que la causa sólo es una persecución direccionada al sector político y no una pesquisa penal.

En otro orden de interpretación sería bueno que el Dr. Bonadío nos precisara mejor qué considera cuando dice que la asociación comenzó “aproximadamente desde principios del año 2003”, ya que entre enero de 2003 y el 25 de mayo de ese año, quienes integraban el Poder Ejecutivo Nacional no fueron los mismos FUNCIONARIOS que lo hicieron luego de esta última fecha.

Como su investigación tiene obligatoriamente que basarse en la sana crítica, tendrá que despejar esta duda que nos puede llevar a pensar que los FUNCIONARIOS mencionados en esta imputación ya actuaban con anterioridad a asumir sus FUNCIONES, de la forma en que el Dr. Bonadío les imputa, o que le faltó al Dr. Bonadío imputar a los FUNCIONARIOS que cumplían FUNCIONES en el Poder Ejecutivo Nacional con anterioridad al 25 de mayo de 2003.

Quiero detenerme en lo expresado por el Dr. Bonadío donde dice que estas 52 personas vivas y 2 muertos organizaron “… un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente …”.

¿Quiénes “recaudaban” los fondos que “recibían”?

¿Todos?

Porque si fueron todos significa que falta saber de dónde sacaban los fondos y quienes pagaban, con lo que la imputación es incompleta.

Pero si sólo algunos eran los que “recibían” lo “recaudado” y encima lo hacían “aprovechando su condición de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, entonces la imputación se concentra únicamente en la “recaudación” y “recepción”, dejando por fuera de la investigación al “pago” que posibilitaba esa “recaudación” y a los empresarios, financistas, Juez, chofer y “otras personas aún sin identificar”, pero mantiene dentro a los 2 muertos.

Nuevamente vemos una direccionalidad en la investigación que denota un marcado sesgo por parte del Dr. Bonadío.

Los términos empleados en esta imputación son los que nos marcan hacia dónde apunta el Juez que investiga y este sesgo hacia lo político en la causa empieza a preocuparnos desde el punto de vista jurídico.

Ahora bien, además del notorio sesgo hacia lo político de la expresión utilizada por el Dr. Bonadío, vemos que gramaticalmente tiene algunas, sino muchas, dificultades para hacerse entender, porque señala claramente que la organización recaudaba fondos para “RECIBIR DINERO ILEGAL”. No dice que se recibía ilegalmente el dinero, sino que el dinero era ilegal. Dos cosas jurídicamente  diferentes.

El “dinero ilegal” es aquel que no tiene un origen lícito porque se obtiene por fuera de los circuitos legales de circulación del mismo.

Se lo conoce como dinero “negro” y si luego de “recibirlo” uno lo pone a circular dentro del circuito legal, entonces a eso se le llama “lavado de dinero”.

Pero según Bonadío el dinero era “sacado” del Estado por medio de sobreprecios en las licitaciones de la obra pública, por lo que no podemos suponer que el dinero originado en el Estado sea “dinero ilegal”, sino la Constitución está equivocada.

Ahora bien, ese dinero “sacado” del Estado iba a manos de “las empresas” que ganaban las licitaciones, es decir que se les pagaba por las obras y ese pago se registraba, sino estaríamos en presencia de otro ilícito que el Dr. Bonadío no ha mencionado, a más del “sobreprecio” que tendrá que demostrar si existió. Como se pagó “legalmente” entonces el dinero que recibieron las empresas sigue siendo “legal”, es decir que “recibieron dinero legal” no ilegal.

Recapitulemos:

1)   El dinero “sale” del Estado y al salir es “legal”.

2) El dinero es “recibido” por las empresas “legalmente” porque se corresponde al precio de las obras licitadas.

3)   El dinero “entra” a las empresas de forma “legal” porque con él se pagan obras públicas licitadas, por lo tanto sigue siendo “dinero legal”, no “ilegal”.

Si según el Dr. Bonadío los que participaron de la organización eran los “empresarios”, no las “empresas”, entonces, para completar el circuito que el mismo Bonadío señala como forma de obtener el dinero, las “empresas” debieron darles a los “empresarios” parte del dinero que aquellas “recibieron legalmente” del Estado por las obras públicas realizadas a través de licitaciones.

Si las “empresas” tienen dinero “legal” y se lo dan a los “empresarios”, éstos entonces “reciben dinero legal”, no “ilegal”.

Ahora veamos cómo seguía el circuito según el propio relato del Dr. Bonadío en su auto de mérito y entonces coincidiremos que el dinero “legal” recibido por los empresarios era entregado a los funcionarios en una especie de “coima” y producto del sobreprecio fijado en las licitaciones.

Bueno, aceptado eso, concluimos que al final el dinero recibido por los funcionarios es “legal”, no “ilegal” como afirma el Dr. Bonadío, más allá de la “forma ilegal” de recibirlo.

Pero veamos el punto débil de la cadena. El dinero “sale” del Estado y es dinero “legal” que sale “legalmente” porque se pagan obras licitadas. Más allá del sobreprecio el dinero sigue siendo legal y pagado legalmente. Lo ilegal puede ser el sobreprecio, no el dinero. El dinero ingresa “legalmente” a la empresa que ganó la licitación e hizo la obra. Todo debe estar documentado contablemente. A partir de ahí encontramos la debilidad de la cadena, porque más arriba supusimos que las empresas le daban parte de ese dinero “legal” a los empresarios para que éstos pagaran con el mismo las “coimas”, pero bien pudo pasar que las empresas no le entregaran a los empresarios aquél dinero “legal” obtenido “legalmente” del Estado, sino que le entregaran a los empresarios el referido dinero “ilegal” al que hace mención Bonadío y que no se relaciona entonces con el obtenido en las licitaciones por pago del Estado.

Menudo problema en el que se metió Bonadío entonces, porque si considera que el dinero era “ilegal”, deberá entonces probar esa ilegalidad del dinero y ello hace que obligatoriamente descarte en esa ilegalidad al pago por parte del Estado de las obras licitadas ya que ese dinero es “legal”. Pero si descarta ese origen “legal” entonces su teoría inicial no es la correcta ya que afirmó que el dinero era “sacado” del Estado en pago de licitaciones por obras públicas que sobrefacturaban las empresas y ese dinero es “legal”, como ya sabemos.

Si el dinero es “ilegal” entonces la investigación tendrá que centrarse en el movimiento de dinero que hicieron las empresas para darle a los empresarios aquél dinero “ilegal” con el que pagaron las coimas y eso nos lleva expresamente a la existencia del delito de “lavado de dinero” y deberá imputar a esas empresas por el mismo.

Quizás lo que quiso decir Bonadío es que “recibían ilegalmente dinero”, algo muy diferente a “recibir dinero ilegal”. Si no va a tener que demostrar la ilegalidad de origen de ese dinero e imputar a los responsables por lavado de dinero.

Esto es un llamado de atención para el Dr. Bonadío con el fin de que se profesionalice en la redacción jurídica de sus autos, porque con esta falta de conocimiento gramatical puede perjudicar o anular el derecho de defensa y eso conllevaría a la absolución de los imputados o a la imputación errónea de delitos e incluso a la necesaria imputación de otros delitos. Todo un desaguisado jurídico por no saber escribir en idioma español.

Pero si lo que quiso decir fue que “recibían ilegalmente dinero”, entonces para qué pone inmediatamente que lo hacían “con el fin de enriquecerse ilegalmente”.

Esta forma gramatical de escribir no permite inferir que a lo mejor quiso decir que “recibían ilegalmente dinero”, sino que realmente quiso decir lo que dijo, o sea, que “recibían dinero ilegal” y, además, de que lo hacían para "enriquecerse ilegalmente", porque si no estamos ante una grave afectación del derecho de defensa por incompetencia gramatical manifiesta.

Nótese que se puede recibir dinero legal y enriquecerse ilegalmente, pues ello se llama "fraude".

También puede recibirse dinero legal y enriquecerse legalmente, pues es lo normal cuando se ajustan las conductas a derecho.

Es también factible recibir dinero ilegal y enriquecerse legalmente, pues ello ocurre cuando el acreedor no conoce el origen del dinero y éste es producto de un ilícito. Por ejemplo un narcotraficante pagando cualquier cosa en el mercado (autos, casas, inmuebles, una naranja, etc.) utilizando el dinero que obtuvo por la venta de droga y hasta pagando impuestos con ello. En tanto el que recibe el dinero no conoce su origen, esa transacción es legal.

Es posible recibir dinero ilegal y enriquecerse ilegalmente al mismo tiempo, porque está implícito que el enriquecimiento ilegal sólo se verifica con el conocimiento cabal de que se está actuando ilegalmente (nunca un enriquecimiento ilegal conlleva culpa sino siempre es con dolo) y ese conocimiento de los hechos impide presumir que se desconozca la ilegalidad del dinero recibido, aún cuando visto del lado de quien se enriquece ilegalmente es irrelevante si el dinero recibido es legal o ilegal por cuanto sólo pretende enriquecerse de manera ilegal. Pero la característica de la imputación de enriquecimiento ilícito implica que el ilícito sea la forma en que se recibe el dinero y no tiene relevancia que el dinero sea o no legal, porque no resulta necesario acusar a alguien de enriquecerse ilegalmente y aclarar que el dinero es ilegal si no se está dispuesto a demostrar esta ilegalidad del dinero con el fin de profundizar la investigación y acumular más ilícitos a la imputación.

Por lo que estamos seguros que Bonadío quiso decir exactamente lo que dijo, que el dinero es ilegal y que con ello se enriquecieron ilegalmente, siendo esto entonces contradictorio y antagónico con el origen que él determina del dinero que fue el pago de licitaciones por obras públicas, por cuanto ese dinero es completamente "legal".

La República no puede darse el lujo de tener jueces que no sepan escribir correctamente en el idioma oficial y mucho menos cuando se trata de una causa donde están en juego la libertad, el honor y el patrimonio de las personas, a más de la envergadura y relevancia política y empresarial de los imputados.